Organización

Organización institucional y administrativa

Misión y objetivos

Promover el estudio y el conocimiento del arte moderno y contemporáneo y conservar, mostrar y compartir su patrimonio artístico con la comunidad.

El Museu d’Art Modern de Tarragona desde su creación en 1976 por la Diputación de Tarragona cumple con la misión de promover el estudio y el conocimiento del arte moderno y contemporáneo y, también, de conservar y mostrar su patrimonio artístico y compartirlo con la comunidad. Con esta finalidad se constituyó el Museu, que cuenta con diferentes espacios de exposición y conservación y está dotado de una biblioteca auxiliar, un centro de documentación y un archivo fotográfico.



El Museu d’Art Modern de Tarragona tiene como objetivos:

  • promover el estudio y el conocimiento del arte moderno y contemporáneo
  • conservar y mostrar su patrimonio artístico
  • compartir este patrimonio con la comunidad
  • prestar los servicios de biblioteca, centro de documentación y archivo fotográfico

 

Gobierno del MAMT

La Comisión Informativa de los Servicios de Asistencia al Ciudadano (SAC) de la Diputación de Tarragona es el órgano permanente de estudio, informe y consulta de los asuntos que deban ser sometidos al Pleno.

La Comisión Informativa de los Servicios de Asistencia al Ciudadano (SAC) de la Diputación de Tarragona también puede emitir dictámenes en relación con asuntos del ámbito del Museu d’Art Modern de Tarragona, si son competencia de la Junta de Gobierno y si esta lo requiere. El Pleno determina el número y los componentes de la comisión informativa con criterio de proporcionalidad. La comisión informativa celebra una sesión ordinaria por lo menos una vez al mes.

 

La presidenta de la Diputación de Tarragona

  • Il·lma. Sra. Noemí Llauradó i Sans

El presidente de la Comisión Informativa de los Servicios de Asistencia al Ciudadano

  • Iltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez

Los vocales titulares de la Comisión Informativa de los Servicios de Asistencia al Ciudadano

  • Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà i Benet

  • Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè

  • Il·ltre. Sra. Silvia Puerto i Lleixà

  • Il·ltre. Sr. Pau Ricomà i Vallhonrat

    1. I. Sr. Joaquim Nin Borredà
  • Il·ltre. Sr. Marc Ayala i Vallvey

  • Il·ltre. Sra. Maria Immaculada Costa Ramon

  • Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez

  • Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt

  • Il·ltre. Sr. Rubén Viñuales Elías

 

Los vocales suplentes de la Comisión Informativa de los Servicios de Asistencia al Ciudadano

  • M.I. Sr. Adam Tomàs i Roiget

  • Il·ltre. Sra. Ma Teresa Mariné i Solé

  • Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega

  • Il·ltre. Sr. Francesc Barbero i Escrivà

  • M. I. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola

  • Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed

  • Il·ltre. Sra. Marta Blanch i Figueras

  • Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca

  • Il·ltre. Sr. Ramón Ferré Solé

  • Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova

Código de Buen Gobierno

El Museu d’Art Modern de Tarragona sigue los principios del Código de Buen Gobierno, aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos que integran la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que la Diputación de Tarragona aprobó, en el Pleno de 27 de noviembre de 2015

Introducción

 

En un entorno económico, social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto grado de distanciamiento hacia la política, las instituciones y los responsables públicos, es necesario canalizar esta situación como una oportunidad, como motor para el ahondamiento democrático. Así pues, las entidades locales deben redoblar los esfuerzos para restablecer el valor de la política local y recuperar la confianza de los ciudadanos mediante una intensificación y exteriorización efectiva de los principios éticos, de los estándares de conducta y de la actitud de los cargos públicos y de los directivos locales.

En este contexto, la definición y publicación de un Código de Buen Gobierno (CBG) resulta una herramienta adecuada a este fin, reforzada por la existencia de un nuevo marco jurídico que regula y garantiza la transparencia en todos los niveles de actuación y el acceso a la información pública.

El CBG se presenta como una herramienta de introducción formal a la ética en el ámbito local con carácter novedoso, y se adapta al actual marco normativo así como a las demandas de la ciudadanía. Sobre una estructura sencilla se apuntan las líneas estratégicas de cara a la correcta gestión publica local desde la consideración del buen gobierno, y se establecen las bases para su posterior desarrollo, si procede.

Ámbito objetivo

El Código de Buen Gobierno tiene por objeto el establecimiento de los principios que hay que respetar en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y administración, así como las de dirección y gestión local, fijando los compromisos que reflejen los estándares de conducta recomendados y reforzando la calidad democrática de las instituciones locales.

Como objetivos específicos se pueden señalar los siguientes:

  • Integrar la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades locales.
  • Incorporar las estrategias de actuación para la consecución de una democracia real y efectiva, mediante la participación y el gobierno abierto, en los ámbitos que corresponda a cada uno.
  • Definir las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local.
  • Reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas.
  • Delimitar las pautas para unas relaciones adecuadas entre los ámbitos de gobierno y gestión, y normalizar sus relaciones personales internas.

 

Ámbito subjetivo

El presente Código, en su condición de instrumento inspirador de la actuación de las entidades locales y del personal a su servicio, se aplicará a:

  1. Los miembros de la corporación, en su condición de representantes electos.
  2. Los miembros de los órganos de gobierno de los organismos autónomos.
  3. Los titulares de órganos directivos, según la definición de la normativa en materia de régimen local y función pública.
  4. El personal que de acuerdo con ley ejerza funciones directivas al servicio de la Diputación de Tarragona.
  5. Funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

A fin de aclarar terminológicamente el ámbito subjetivo en el desarrollo del CBG, en cuanto a las referencias a los empleados públicos que se incluyen en él utilizaremos la expresión “directivos públicos locales”.

Con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o función ejecutiva en la organización, deberá suscribirse el CBG aprobado por la corporación.

Esta delimitación no excluye la suscripción de sus objetivos por parte de todos los empleados públicos locales, que están sujetos, en referencia a esto, al código ético y de conducta recogido en la normativa sobre función pública, ni la de los sujetos proveedores de servicios a la Administración local y perceptores de fondos públicos.

Principios de buen gobierno

Los sujetos destinatarios del CBG tienen que ajustar la gestión de los intereses públicos y el desarrollo de la democracia participativa a la realización efectiva del gobierno abierto y sus principios de transparencia, participación y colaboración, como mínimo en los términos de la normativa vigente en cada momento, en una gestión orientada a la ciudadanía y a los municipios.

Para lograr estos objetivos, es necesario que actúen orientados a cumplir los siguientes principios y evitar cualquier conducta que sea contraria a ellos:

  1. Deben actuar con vistas al desempeño de sus funciones de acuerdo a la Constitución, el Estatuto de Autonomy ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ía de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico, deben promover el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y deben adaptar su actividad a los principios éticos y de conducta contenidos en el presente Código de Buen Gobierno Local.
  2. Presidirán el desarrollo de las labores de gobierno los principios de eficacia, economía, eficiencia y satisfacción del interés general, así como el de racionalización y optimización de los recursos públicos.
  3. Deben respectar el principio de imparcialidad, de forma que mantengan un criterio independiente y ajeno a cualquier interés particular, asegurando un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
  1. Deben ejecutar las políticas públicas conforme a los principios de publicidad, innovación, transparencia y buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los intereses generales y la generación de valor con dedicación al servicio público.
  2. Deben respetar las obligaciones derivadas de su cargo y, especialmente, la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses, los deberes de honestidad, buena fe, sigilo y discreción en relación con los datos y los informes de los que tengan conocimiento por razón de su cargo.
  3. Deben ejercer los poderes que les atribuya la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados, deben evitar toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las administraciones, sin implicarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y sin intervenir en los asuntos en los que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
  4. Deben incorporar a su actuación valores como la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos, la tolerancia y el fomento de la diversidad, la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la ordenación racional y sostenible del territorio, garantizando el principio de igualdad y equilibrio territorial en el acceso a los servicios públicos.
  5. Deben respetar la disciplina presupuestaria y financiera para garantizar la correcta administración de los recursos públicos.
  6. Deben desarrollar el ejercicio de las competencias locales establecidas por el marco normativo y las capacidades de gestión asociadas bajo los principios de un mejor servicio ciudadano, proximidad y subsidiariedad.
  1. Es necesario impulsar la adopción de modelos de gestión publica que alineen recursos estratégicos y que garanticen una orientación a los resultados ante la sociedad, y que al mismo tiempo generen valor como máxima garantía de fortalecimiento del sector público y de sus instituciones y organizaciones.
  2. Hay que apostar por una dirección y una gestión profesional de los recursos humanos como elementos clave de un funcionamiento adecuado de la Administración pública.

Estándares de conducta para la mejora de la democracia local

La plasmación del carácter democrático de la institución exige que se refleje en la actuación de sus miembros, en la que se adapte el desempeño de las responsabilidades públicas a las siguientes líneas de conducta:

1. Deben asumir, en todo momento, la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin derivarla a sus subordinados en caso de no existir una causa objetiva, y sin perjuicio de otras que sean exigibles legalmente.

  1. Deben fomentar los valores cívicos y utilizar un tono respetuoso, esmerado y deferente en sus intervenciones y en el trato con los ciudadanos.
  2. Todos los miembros de la corporación, tanto los integrantes del gobierno como los que formen parte de la oposición, deben basar su actuación en la lealtad institucional, la información y la transparencia, colaborando en la definición de los objetivos estratégicos y procurando alcanzar consensos en los asuntos de mayor relevancia.
  3. La toma de decisiones debe perseguir la satisfacción de los intereses generales y debe fundamentarse en consideraciones objetivas orientadas al interés común y el trato igual y no discriminatorio.
  4. Deben responder ante los ciudadanos durante todo su mandato, atendiendo diligentemente cualquier solicitud de información relativa al desempeño de sus funciones, los motivos de su actuación o el funcionamiento de los servicios y departamentos de los que sean responsables.
  5. Deben garantizar que la gestión pública posea un enfoque centrado en la ciudadanía, con un compromiso de mejora continua en la calidad de la información, la atención y los servicios prestados.
  6. Deben potenciar los instrumentos necesarios para garantizar la transparencia en el diseño de las políticas públicas y en su evaluación.
  7. Deben impulsar la implantación de una Administración receptiva y accesible, mediante el uso de un lenguaje administrativo claro y comprensible para todas las personas, la simplificación, la eliminación de trabas burocráticas, la agilización de los procedimientos, el acceso electrónico a los servicios y la mejora de la calidad de las normas y regulaciones.
  8. Los cargos electos deben respectar la voluntad de la ciudadanía y actuar con lealtad política, comprometiéndose a asumir el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales.
  9. Con motivo de los desplazamientos derivados del ejercicio de las funciones propias de su cargo, deben utilizar el medio de transporte adecuado en cada caso, teniendo siempre en cuenta las necesidades de la corporación y la mejor opción en cuanto al coste.
  1. Deben facilitar las actuaciones de control y supervisión que adopten las autoridades internas o externas competentes, y deben abstenerse de obstaculizar la ejecución de cualquier medida de supervisión que las autoridades internas o externas relevantes puedan tomar con su debida justificación y transparencia.
  2. Deben responder con diligencia a las solicitudes de información formuladas en relación con el desempeño de sus funciones, y abstenerse de suministrar ningún dato confidencial o información sujeta a protección de datos de carácter personal, y al mismo tiempo articular medidas que fomenten la cobertura por parte de los medios de comunicación del desempeño de sus funciones y el funcionamiento de los servicios y departamentos a su cargo.
  3. Deben promover la excelencia de la Administración mediante el desarrollo de la gestión desde la óptica de la innovación y la calidad, junto con la simplificación y la reducción de cargas administrativas, garantizando la implantación definitiva de la Administración electrónica.
  4. Es necesario fomentar la creación de instrumentos de control y seguimiento de la contratación pública para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y no discriminatorio y un procedimiento basado en la transparencia, así como la introducción de criterios de responsabilidad social en los contratos.

Compromisos éticos en materia de conflictos de intereses

El desempeño de responsabilidades públicas exige el respeto a la normativa en cuanto a conflicto de intereses, y ante él son necesarios los siguientes compromisos:

  1. En el ejercicio de sus facultades discrecionales, deben abstenerse de concederse ninguna ventaja a sí mismos o a otra persona o grupo de personas con la finalidad de obtener un beneficio personal directo o indirecto.
  2. Deben abstenerse de participar en cualquier deliberación, votación o ejecución de aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, ya sea directo o indirecto.
  3. No pueden influir en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos sin causa justa y, bajo ningún concepto, cuando esto comporte un privilegio en beneficio propio o de su entorno ni cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros o del interés general.
  4. No pueden aceptar, recibir o solicitar, directamente o a través de terceros, regalos que sobrepasen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de entidades o personas, o, bajo ningún concepto, que superen la cuantía de cien cincuenta euros.
  5. Deben rechazar cualquier favor o servicio en condiciones ventajosas por parte de personas físicas o entidades privadas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones.
  6. En cuanto al desempeño de cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos y organizaciones sindicales, esta actividad bajo ningún concepto menoscabará o comprometerá el ejercicio de sus funciones.

Régimen de incompatibilidades y retribuciones

El correcto cumplimiento de las exigencias normativas impuestas por el régimen de incompatibilidades y la estructura retributiva debe ajustarse a los siguientes paráhoevarse ﷽ metros:

1. Los miembros de la corporación deben formular, con motivo de su toma de posesión, en ocasión del cese y al final de su mandato, declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y cualquier actividad que proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

  1. Así mismo, deben presentar declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades en las que participan. Estas declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por el Pleno de la Diputación de Tarragona, deben llevarse a cabo antes de la toma de posesión, en ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

Las declaraciones de bienes y actividades presentadas por los miembros de la corporación a las que hacen referencia los puntos 1 y 2 anteriores serán publicadas en el Portal de Transparencia corporativo mediante el escaneo de los formularios presentados.

  1. Deben evitar cualquier conflicto de intereses con motivo del ejercicio de sus funciones públicas, y deben abstenerse de utilizar sus competencias y prerrogativas institucionales para otorgarse a sí mismos o a terceras personas ningún tipo de beneficio, así como de llevar a cabo ningún tipo de actividad privada que, directa o indirectamente, entre en colisión con los intereses públicos de su responsabilidad.
  2. El ejercicio de responsabilidades ejecutivas en el gobierno local, una vez haya finalizado el mandato o se haya producido su cese, y durante un período de dos años, comporta el cumplimiento de las limitaciones para el ejercicio de actividades privadas establecidas por la legislación reguladora de conflictos de intereses que les sea aplicable.
  3. El régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las demás retribuciones de los representantes locales, deben fijarse con pleno respeto por los límites establecidos por la legislación vigente.

Gobierno y Administración: relaciones entre cargos electos y empleados públicos

Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos deben ajustarse a los principios éticos recogidos por la normativa en materia de transparencia y ocupación pública, entre otras: respecto por la Constitución y por el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico, lealtad institucional, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto por los derechos humanos y por la igualdad entre mujeres y hombres.

Toda persona al servicio de los intereses públicos locales debe asumir su cometido y sus funciones de forma legal y coordinada con los demás responsables públicos, políticos, técnicos y administrativos. Para garantizar la existencia de un entorno de trabajo en armonía, y con vistas al correcto desarrollo de los servicios públicos, deben articularse vías orientadas a la solución de las discrepancias o conflictos que puedan producirse.

Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos deben organizarse a través de la implementación de los mecanismos necesarios que garanticen la posibilidad de interlocución.

Los cargos electos deben impulsar la formación en principios de integridad y orientaciones del Código de Buen Gobierno para el conjunto de empleados públicos.

Este documento ha sido aprobado por el Pleno ordinario de 27 de noviembre de 2015 y modificado por acuerdo plenario de 29 de enero de 2016.

Estructura organizativa

El Museu d’Art Modern de Tarragona se organiza desde el Área del Servicio de Asistencia al Ciudadano (SAC) y depende de la Presidencia de la Diputación de Tarragona.

Presidencia de la Diputación de Tarragona

  • Il·lma. Sra. Noemí Llauradó i Sans

Diputado delegado del Servicio de Asistencia al Ciudadano (SAC)

  • Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez

Directora del Área del Servicio de Asistencia al Ciudadano (SAC)

  • Pilar Casas Rom

Dirección y Conservación

  • Manel Margalef Arce

Difusión y Servicio Pedagógico

  • M. Luisa Suarez Barral

Servicio Pedagógico

  • Nuria Serra Medina

Administración

  • Juan Juncosa Baglietto

Documentación y archivo

  • Montserrat Palau Baiges

Mantenimiento

  • Enric Hernández Sotorra

Atención al público

  • Alfons Carles de Cal Grau
  • Maurici Curieses Anglès
  • Ferran Burdeus Hervàs
  • Carles Martí Cantí

Prácticas Externas

  • El Museu alberga cuando la organización interna así lo requiere, alumnos que provienen del Grado de Historia e Historia del Arte de la Universitat Rovira i Virgili